“Hoy anunciamos el arresto de cinco personas en esta primera fase de nuestra investigación criminal sobre el funcionamiento de la Asociación de Propietarios de Hammocks”, sostivo Fernández-Rundle.

Según la orden de arresto, los acusados “transformaron la HOA en una empresa criminal con el propósito de beneficiar a ciertos miembros de la Junta Directiva, sus familias y sus negocios personales”.

La fiscal advirtió que era posible que aún más personas enfrenten cargos criminales.

De los cinco arrestados hoy, cuatro de ellos fueron parte de la Junta durante los últimos seis o siete años, indicó.

La Asociación recolecta aproximadamente cuatro millones de dólares al año en concepto de cuotas. “Parece ser, que mayoría de esos fondos ha desaparecido de las reservas”.

Según Fernandez-Rundle, el dinero fue robado utilizando un esquema de crimen organizado, «creado para beneficiar a cinco personas a costa de los propietarios de los Hammocks».

“Podemos asegurar que más de un millón de dólares han sido robados. Pero todavía quedan millones de dólares adicionales en gastos cuestionables que estamos examinando”.

Marglli Gallego, de 42 años, la misma persona arrestada el pasado año por abusar de su puesto y usar los fondos de la Asociación para su uso personal, enfrenta 18 cargos, que incluyen extorsión y fraude organizado y se le impuso una fianza de 1.6 millones de dólares.

José Antonio González, de 45 años y esposo de Gallego, enfrenta cuatro cargos, entre ellos, extorsión, lavado de dinero. A González la fiscalía le impuso una fianza de 630.000 dólares.

Myriam Rodger de 76 años, enfrenta siete cargos. Hurto mayor, extorsión y otros. Su fianza es de 580,000 dólares.

Yoleidis López García, de 47 años, enfrenta cargo por hurto mayor y se le impuso una fianza de 10.000 dólares.

Por su parte, Mónica Isabel Ghilardi, de 52 años, quien era la actual presidente de la Junta, enfrenta siete cargos, que incluyen extorsión y hurto mayor y le impusieron una fianza de 575.000 dólares.

“Esas personas debían trabajar por el bien de su comunidad y tenían una obligación fiduciaria con los más de 18.000 dueños de las casi 7.000 residencias de los Hammocks”, subrayó la letrada.

“Las verdaderas víctimas son los dueños. El dinero que ellos pagaron para el cuidado de su comunidad fue enviado a los bolsillos de Gallego y su esposo”.

La fiscal explicó que los acusados enviaron un total de 173 cheques a tres empresas que actuaban como proveedoras de servicios de la Asociación -Excelent Services & Work LLC, Cima Solution Inc, Nikkii Trade Equipment-. Sin embargo, estas fueron creadas con el único propósito de lavar dinero. Al frente de las empresas aparecía González, el esposo de Gallego, quien se encargaba de hacer perder el rastro de los fondos.

La comunidad de Hammocks se encuentra 24 millas al sur oeste de Miami, al oeste de Kendall. Es la más grande asociación de propietarios de Florida. A principio de año, los vecinos de la comunidad denunciaron irregularidades en las elecciones de los miembros de la Junta Directiva. Además, en marzo se quejaron cuando les subieron un 400% las cuotas mensuales de mantenimientos y los servicios.

cmenendez@diariolasamericas.com
@menendezpryce

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